Por medio de este sucinto vídeo, publicado por la Revista Cambio en su canal de Youtube en julio de 202, Valeria Santos y Sebastián Nohra, revelan los resultados de su investigación sobre como recursos destinados al cumplimiento de lo acordado tras a firma de la paz con las FARC terminaron repartidos por funcionarios corruptos.
La génesis de esta trama, se situa en el Departamento de Planeación Nacional (DNP), en el periodo en el que estuvo a cargo Luís Alberto Rodríguez (2019-2021) Los indicios de las pesquisas apuntan a que funcionarios de DNP, contralores, congresistas, gobernadores, alcaldes y contratistas se confabularon a efecto de apropiarse de una porción de estos recursos públicos. Los recursos provenían del Organo Colegiado de administración de decisión (conocido como OCAD paz), dependiente del DNP, pero que, guardaba estrecha relación con la Presidencia de la República. En 2021, OCAD contaba a su disposicíón con un estimado de 4.4 billones de pesos, y los investigadores, que recogieron el testimonio de 25 alcaldes, calculan que las "comisiones" que constituyeron el desfalco de este caso, eran de un 12% por cada proyecto aprobado. Esto permite inferir, que sustrajeron al menos, unos 500.000 millones de pesos.
Según los hallazgos acopiados, un 5% iba destinado a varios congresistas del partido conservador como Alfredo Ape Cuello Baute, Juan Samy Merheg, Yamil Arana y Eadith Manzur. Otro 5% para funcionarios del DNP, entre los que sobresalen Álvaro Ávila (secretario de OCAD paz y director de regalías). Y un 2% para la funcionarios de la Contraloría como Juan Carlos Gualdrón (fungía como Contralor delegado para el Posconflicto) y Álvaro Quiroz (Contralor delegado para las regalías y hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia).
Como es común en el sistema de corrupción inveterado en la Democracia colombiana, el mecanismo de usurpación de dineros públicos se activaba, cuando un alcalde presentaba un proyecto ante OCAD PAZ pues, la única forma de conseguir la financiación de este, era procediendo a pagar las múltiples comisiones precisadas en los párrafos anteriores.
El informe, finaliza, relatando que la parobación de todo proyecto en esta institución requería el voto favorable de Emilio Archila, alto consejero para la estabilización, el del representante de los gobernadores, José Facundo Castillo de Arauca (apresado por presuntos nexos con la guerrilla) y el de los representantes de los alcaldes, Martín Zuleta, del municipio de la Paz Cesar. Justamente, unos audios grabados a este último, constatan la existencia de una red de timadores que esquilmaban los recursos de la paz.
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